Experiencia

Nuestros asesores están disponibles las 24 horas, los 365 días del año, ofreciendo servicios legales de alta calidad, completamente personalizados, especializados e integrales.

Brindamos asesoría y representación legal integral para empresas, abarcando tanto aspectos operativos como estratégicos. Nuestro alcance incluye la redacción y revisión de contratos constitutivos, actas de asamblea, sustitución de facultades, gestión de riesgos legales y cumplimiento normativo.

Nos especializamos en todos los aspectos legales relacionados con la constitución de sociedades, su administración interna y sus relaciones con terceros, incluyendo interacciones con el Estado y otras entidades.

Ofrecemos asesoría preventiva en asuntos contenciosos, cumplimiento normativo, negociación y rescisión de contratos mercantiles y civiles. También desarrollamos protocolos de derecho corporativo y gestionamos juicios hipotecarios.

Regulamos las relaciones y actos comerciales entre particulares, así como las actividades de los comerciantes.

Brindamos asesoría y representación integral a trabajadores y empleadores en materia laboral. Nuestros servicios incluyen la redacción y revisión de contratos de trabajo, orientación en temas de seguridad social, representación en negociaciones y litigios, así como la defensa de derechos individuales.

Defendemos a personas acusadas de delitos y representamos a víctimas, además de tramitar juicios de amparo para garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

Impulsamos acciones legales contra órdenes de aprehensión, detención, presentación, comparecencia, arresto o citatorio emitidos en su contra, asegurando que no se vulnere su libertad.

Gestionamos juicios contencioso-administrativos, juicios de lesividad y nulidad, así como procesos relacionados con responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares. Además, resolvemos controversias entre la administración pública y los particulares, incluyendo aquellas en materia fiscal.

Atendemos procedimientos administrativos de ejecución (PAE), comúnmente conocidos como "embargos fiscales", iniciados contra ciudadanos y empresas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), organismos fiscales autónomos como el IMSS, INFONAVIT y PROFECO, así como por autoridades fiscales estatales y municipales, entre otros.